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Fuente: IProfesional Vicentin se convirtió en un karma para Alberto Fernández. Dos semanas después de anular la intervención de la empresa y dejar que el concurso siga su curso, el Gobierno empezó a recibir los coletazos de un conflicto salarial en una de las plantas del gigante agroindustrial donde el personal se afilió en masa a una de las 30 filiales de la poderosa federación de trabajadores aceiteros, liderada por Daniel Yofra.

La decisión sacudió a los empresarios del norte de Santa Fe y motivó la apertura de un expediente que ya está en manos del Ministerio de Trabajo, encabezado por Claudio Moroni. 

El mayor temor en el sector privado es que se produzca un «efecto contagio» a partir de la rebelión en la Algodonera Avellaneda, líder en el desmotado de esa materia prima y una de las principales exportadores de fibra de algodón, con cuatro plantas en el país y una en Brasil. En el esa localidad, más de 300 de los 430 empleados del establecimiento abandonaron la Asociación Obrera Textil (AOT) y el Sindicato de Empleados Textiles (SETIA) para enrolarse en el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de General Obligado y San Javier.

El éxodo sindical se desató en medio de una huelga que ya lleva 70 días, con bloqueos al parque industrial de Reconquista, cortes de ruta y un acampe permanente en el ingreso a la fábrica. El conflicto se inició cuando la empresa pagó solo una parte de los sueldos con el subsidio oficial (ATP) y aplicó la rebaja salarial del 20% del sueldo neto sellada por la AOT hasta octubre. La industria textil acordó además a fines de julio un bono de $2.000 en septiembre, octubre y noviembre.

Pero los trabajadores aseguran que no llegan a cubrir la canasta familiar de pobreza con sueldos de entre $20.000 y $25.000 en una de las principales industrias de la provincia. «Hoy, los trabajadores no cobran nada hace dos meses por la huelga, ni siquiera el ATP, y lo que se pide es que la empresa se siente a negociar salarios para entrar a trabajar», explicó a iProfesional Dionisio Alfonso, titular del sindicato aceitero del norte santafesino.

Sin renunciar al convenio textil, los operarios encontraron un paraguas legal en los aceiteros, un sindicato que ya tiene afiliados y convenios laborales en plantas del conglomerado. Es más, desde la organización reconocen que un triunfo podría estimular a otros 2.500 empleados del grupo a seguir el mismo camino el día de mañana, aunque ahora su prioridad es resolver el conflicto salarial.

El gremio fue de los primeros en cerrar este año un aumento salarial del 25%, uno de los más elevados detrás del 30% sellado por Camioneros y el 26% obtenido por Bancarios. El acuerdo llevó el salario básico inicial a $68.678, la escala salarial más alta en toda la industria. Y el de desmotadores ascendió a $50.000, el doble de los textiles

La posibilidad de que sus empleados reclamen mejoras siguiendo ese ejemplo llevó a los empresarios regionales a emitir un comunicado reciente en rechazo a la afiliación sindical en organizaciones que consideran ajenas a la actividad.

El caso de referencia es el de Mercado Libre, donde el camionero Pablo Moyano inició bloqueos el mes pasado para exigir el encuadre del personal de logística en el convenio de Camioneros. El sindicalista, de hecho, vinculó la semana pasada su reclamo con el de los obreros de la algodonera: «Vincentin tiene que ser de los trabajadores y Mercado Libre va a ser y respetar la dignidad de los trabajadores».

Moyano reapareció durante un encuentro virtual en apoyo al conflicto, organizado por elsecretario de DDHH de la CTA de los Trabajadores, Víctorio Paulón, junto al titular de dicha entidad, Hugo Yasky, el líder de los metrodelegados, Roberto Pianelli, y Yofra, por la federación aceitera.

En ese marco, la abogada de los trabajadores, Luciana González, denunció el ataque sufrido el martes pasado por dos obreras a manos de una «patota» bajo las presuntas órdenes del representante de la empresa, Héctor Vizcay, mientras Yasky se comprometió a dialogar con Moroni y las autoridades provinciales.

Los sindicalistas duros, muchos de ellos cercanos a Cristina Kirchner, están molestos por la falta de apoyo del gobierno nacional. Los aceiteros se movilizaron en respaldo a la intervención y expropiación de Vicentin y participan del comité de control del concurso de acreedores. Pero desde que el Ejecutivo abortó su proyecto temen por la continuidad de 6.000 empleos ante un eventual vaciamiento, mientras la Justicia investiga al grupo por defraudación al Estado en una deuda de $100.000 millones.

Ese sector del gremialismo es el mismo que denuncia presiones crecientes para avanzar en una reforma laboral. Moyano apuntó en la charla contra el exministro de Economía Roberto Lavagna por proponer un fondo de cese laboral. El otro blanco de críticas son los «gordos» de la CGT, a quienes cuestionan por firmar rebajas salariales y su rechazo al «robo de afiliados» por otros gremios. «No podemos estar tres sindicatos haciendo el reclamo», alegan en los gremios textiles.

El regreso de la migración sindical

Vicentin representa un desafío al modelo gremial vigente desde los años 40. La Ley de Asociaciones Sindicales otorga el monopolio de representación a las organizaciones por rama de actividad reconocidas por el Estado, autorizándolas a negociar paritarias, elegir delegados y convocar huelgas. Pero en las últimas décadas esa normativa fue cuestionada por la migración de afiliados.

En muchos casos, el fenómeno se dio a través de la emergencia de nuevos sindicatos, como el de los metrodelegados del subte. Mientras que en otros el traspaso fue liderado por organizaciones rivales que ya existían. Así, por ejemplo, con el apoyo del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada, Camioneros capturó trabajadores de logística encuadrados originalmente en aguas y gaseosas, alimentación y comercio, entre otros rubros.

Con estos antecedentes, el conflicto en la algodonera volvió a reflotar la discusión sobre la libertad sindical. Los empresarios apelan al decreto reglamentario 457/88, que impide la afiliación a sindicatos ajenos a la actividad, y sostienen que el trámite de encuadramiento sindical debe pasar por el comité arbitral de CGT antes de llegar al Ministerio de Trabajo y la Justicia laboral.

Ese fue la estrategia legal resumida por Vizcay hace más de una semana en un encuentro en la sede de la Sociedad Rural de Reconquista, donde varias cámaras agroindustriales exigieron a las autoridades locales frenar la «migración» sindical y legisladores macristas apuntaron contra el «chavismo demagógico».

«Mañana un empleado de comercio que venda ropa va a pedir ser representado por el sindicato de aceiteros y desmotadoras, o los docentes pedir ser parte de camioneros», alertó Juan Luis Capozzolo, el líder de la entidad convocante.

Pero los aceiteros afirman que la fábrica es parte de la actividad desmotadora, el primer eslabón del procesamiento del algodón y el primer convenio creado por el gremio. Y se apoyan en el derecho de afiliación previsto en el artículo 14 bis de la Constitución, que es independiente del encuadramiento sindical y la definición del convenio laboral. El otro argumento es que la atribución de convocar huelgas y elegir delegados está garantizada por tratados con la OIT y sentencias emblemáticas.

En los fallos ATE 1 y 2, por caso, la Justicia le permitió a dicha organización llamar a elecciones de delegados y estos gozar de estabilidad, luego de que los trabajadores se desafiliaran a UPCN para pasarse al gremio vinculado a la CTA.

«Yo puedo afiliarme a cualquier sindicato, sin tener la representación colectiva de la fábrica aunque no está encuadrado sindicalmente. No estarán en paritarias, pero los trabajadores pueden afiliarse a otros, esto es muy común en el Estado«, aseguró el abogado Guillermo Pérez Crespo, del Taller de Estudios Laborales (TEL).

Tensión en aumento

Mientras tanto, las negociaciones siguen totalmente estancadas. Desde el inicio del paro, la empresa se ausentó a las siete audiencias, en la mitad de las cuales estuvieron presentes los delegados textiles, mientras que en las últimas se sumó la abogada de los trabajadores y el representante legal de aceiteros, Carlos Zamboni, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas.

La convocatoria de estos últimos por el ministro de Trabajo provincial, Robero Sukerman, encendió aún más la bronca del sector patronal, que desconoce la representatividad del gremio y presentó una denuncia penal por el acampe en el ingreso a la fábrica. Este medio se comunicó con la empresa, pero no hicieron comentarios al respecto.

En un clima social ya agitado por el último banderazo, dos trabajadoras terminaron el martes hospitalizadas tras ser atropelladas por dos motociclistas. González, la patrocinadora de los huelguistas, presentó una denuncia penal en la que imputó a Vizcay como principal responsable. Y cuestionó a la fiscalía por considerar que no actúa de oficio y recién el viernes citó a las víctimas a revisación médica.

«Tengo miedo que corra sangre por lo que pueda hacer la patronal», advirtió la letrada, que también denunció amenazas contra su persona.

Ese mismo martes, por otra parte, la AFIP denunció penalmente a la cerealera y sus responsables por el presunto uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones por un monto de $110 millones. Y, en paralelo, días atrás, el juez Julián Ercolini ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de los directivos de la agroexportadora.

Todos esos movimientos habrían acelerado la decisión de vender activos del grupo ajenos al concurso, como es el caso del frigorífico Friar. La empresa se vio afectada este lunes por un nuevo bloqueo al complejo de Vicentin donde se encuentra la fábrica. En respuesta, el representante legal de la firma, Javier Enrique Cabral, solicitó el desalojo al juez penal Roberto Santiago Banegas, quien le pidió al letrado que acudiera a la fiscalía, la autoridad competente en Santa Fe para iniciar la denuncia.

Fuente: Ambito ~ Según un informe de Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el indice que mide la producción de las pymes, relevó que hubo una caída del 13,6% en julio 2020 frente a igual mes del año pasado. En los primeros siete meses del año, el sector acumula un descenso anual de 22,2%.

«El levantamiento de la cuarentena, en prácticamente la totalidad de los rubros del área, impulsó la reducción en la tasa de declive anual del sector manufacturero. De todos modos, se continúa trabajando con bajos niveles de uso de su capacidad instalada» indicó CAME en su relevamiento.

Un dato positivo del mes, es el de Productos de caucho y plástico con un crecimiento del 4,6%. En cambio, un signo menos auspicioso es la disparidad de la baja entre las empresas más grandes y las más chicas. Las firmas con más de 50 empleados cayeron 7,5% anual mientras las que tienen menos de 50 empleados declinaron 14,2%.

En la comparación anual, el menor declive ocurrió en Productos electrónicos e Informática, con un retroceso interanual de 7,8%. «Hubo mayor demanda de estos productos lo que alivio al sector» confirmó CAME en tanto que alimentos y bebidasla baja anual fue de 8,8%. La entidad resaltí que hubo «mucha disparidad entre empresas. Algunas crecieron normalmente, por ejemplo, las de elaboración de vinos, y otras continúan con una situación difícil».

Por otra parte en sectores como Calzado y marroquinería continuaron con caídas muy profundas, se registró una pérdida de actividad del 44,5%. CAME indicó que «debiendo cerrar por varias semanas algunas fábricas frente a la escasa demanda y la reducción de los ATP del gobierno».

Otro de los rubros que con importantes descensos fue Indumentaria y Textil con una disminución de 34,2% de forma interanual. Al respecto la entidad aseveró: «Incide la cantidad de comercios cerrados que aún persisten en ese sector, y los protocolos de una persona por vez, que reduce la eficiencia del negocio que se traslada a los pedidos industriales«.

Por otra parte, en el sector, Material de transporte, se registró una baja del 10% anual en el mes, se notó «una demanda de acoplados como inversión en los sectores que lo usan como transporte. A su vez, debido a la baja actividad en otros rubros, el transporte fue uno de los nichos usados para sumar ingresos» confirmó CAME en su informe.

El Índice de Producción Industrial PYME mide el desempeño mensual en la producción manufacturera de las pequeñas y medianas industrias argentinas. La información se obtiene durante los primeros 20 días del mes en base a encuestas directas realizadas entre 300 pymes industriales del país. Este índice se ubicó en 63,4 puntos en julio. En julio el uso de la capacidad instalada de la industria pyme subió a 58,3%, desde el 52,9% de junio y el 47,4% de mayo.

En cuanto a los niveles de rentabilidad, para el 27% de las empresas fue negativo, con una importante mejora frente a junio. A su vez, otro 36% mantuvo rentabilidad positiva, y 32% nula. Un 5% se abstuvo de contestar. Como datos positivos, sólo 11% de las firmas espera que la producción continúe bajando en los próximos meses, mientras que 27% espera aumentos.

 BAE ~ La actividad industrial volvió a mostrar signos de recuperación a medida que los efectos del aislamiento preventivo por la pandemia del Covid-19 se reducen. Si bien en julio sufrió una caída interanual de 7,9% y acumula un derrumbe de 10% en todo el año, el informe IPI de la Fundación FIEL señaló una mejora de 0,7% en relación con junio, mes en donde la variación intermensual con mayo ya se había positiva.

“En el mes continuaron difundiéndose mejoras mensuales entre las ramas industriales, permitiendo una recuperación de la actividad hasta 5.9% en la comparación con junio. La producción de julio ajustada estacionalmente (y por factores irregulares) muestra un avance de 0.7% en relación al mes anterior, encadenando dos meses de recuperación“, destacó el IPI.

En el contraste con 2019 hay que tener en cuenta distintas incidencias: por un lado, los efectos de la cuarentena actual, pero también la recuperación post apagón eléctrico que había tirado para abajo la producción de junio y que le elevó el techo productivo a julio de 2019. Además, durante el séptimo mes de 2020 se registraron cortes de gas en empresas en el noreste de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. “Con todo, en los primeros siete meses del año y en la comparación interanual, la industria acumula un retroceso del 10%”, destacó FIEL.

En lo que va del año, la producción de alimentos y bebidas sostuvo niveles similares a los del año pasado, explicado por su condición de esencial que le permitió mantener producción aún en la parte más rígida de la cuarentena durante abril y parte de marzo. De todos modos, los empresarios del sector consultados por BAE Negocios alertaron que hacia adentro existen rubros “en plena crisis” y que “sólo compensan los productos de primerísima necesidad”. “Existe un nivel de disparidad en el interior de las empresas alimenticias que generará problemas en el corto plazo”, advirtió un directivo de una empresa de primera línea.

Es por eso que, si bien “los indicadores que permiten anticipar el inicio de una fase de recuperación cíclica de la industria han mostrado un repunte”, el análisis de FIEL destacó que “la difusión de la recuperación interanual continúa limitada a unos pocos sectores, especialmente aquellos vinculados a la producción de alimentos y bebidas, y algunas actividades al interior del bloque de los químicos”.

“Las restantes ramas de actividad muestran una caída interanual comenzando por los insumos textiles (2%) y siguiendo por químicos y plásticos (3.6%), la producción de papel y celulosa (4.8%) y la refinación de petróleo (9.9%). Con una contracción superior al promedio de la industria se encuentra el sector de tabaco (11.6%), la metalmecánica (12.4%), los minerales no metálicos (28.1%), la siderurgia (30.9%) y la producción automotriz (41.8%)”, señaló el IPI.

También se destacó que en los primeros siete meses del año el mayor retroceso interanual lo registra la producción de bienes de capital y bienes de consumo durable. “Mientras los bienes de capital acumulan una caída de 36.3%, la producción de bienes de consumo durable se contrae 13,1%, al tiempo que la producción de bienes de uso intermedio cae 11,1%”, enfatizó el informe, y agregó que “finalmente, los bienes de consumo no durable acumulan una reducción de 1,5% en el nivel de producción el periodo enero-julio y en la comparación con el mismo periodo del año anterior”.

“En síntesis, en julio se repitieron mejoras mensuales entre los bloques industriales, aunque en términos interanuales no se observaron avances sino en actividades puntuales. Con Brasil registrando mejoras en las expectativas de crecimiento y la confianza en la industria, en el corto plazo a nivel local persiste la incertidumbre sobre en qué sectores de actividad se sustentará una nueva recuperación industrial cíclica“, concluyó. FIEL

Fuente: Página 12 ~ El empresario textil Teddy Karagozian y el ex vicepresidente del Banco Central Lucas Llach protagonizaron un fuerte cruce en Twitter. Karagozian criticó a marcas e importadores que reclaman “entregas inmediatas” de telas, en un contexto donde las fábricas intentan recomponer la producción tras años de fuertes caídas. Llach le contestó y lo acusó de beneficiarse de un “proteccionismo obsceno” con “sobreprecios”. El empresario culminó el entredicho refiriéndose a la gestión pública de Llach al frente del Banco Central y el Nación: “Después de haber fracasado estrepitosamente como profesional, lo mejor es que te guardes para que la gente se olvide. Sos lo que la gente llama un fracaso”.

La discusión comenzó con un hilo de tuits del dueño de TN Platex, con una crítica a los sectores que reclaman faltante de telas. “Muchos que importaban y destruyeron la capacidad de producción local son los mismos que reclaman porque no podemos abastecer inmediatamente sus requerimientos. Hemos quedado débiles, con fábricas cerradas, faltos de repuestos y capital. Llevará un tiempo recuperar edificios faltos de mantenimiento, máquinas canibalizadas para sobrevivir y formación de personal”, escribió el empresario en su Twitter.

“Pronto subirá la producción, pero destruir fue rápido”, concluyó. En diálogo con PáginaI12, Karagozian aseguró que detrás de las quejas de faltantes está el “lobby” de importadores. “La necesidad de tela es una excusa para importar productos terminados”, agregó. Pero, además, dijo que en los últimos dos años debió bajar su capacidad de producción “a la mitad”. De los 1900 empleados que llegaron a tener en 2017, en los últimos dos años despidieron a 900 y cerraron una fábrica en La Rioja. Sin embargo, anticipó que aumentaron un 30 por ciento la producción de hilado y pasarán de 400 a 2000 toneladas por mes en la fabricación de tela. Además, sumaron 150 personas y contratarán otras 250 en el próximo año.

Llach, investigado por los préstamos del Banco Nación a Vicentin, contestó al mensaje de Karagozian y aseguró que el actual secretario de Industria, Ariel Schale, quien fue ex director de la Fundación Pro-Tejer “puso un muro a las importaciones”. Y agregó que empresarios textiles como Karagozian se aprovechan de esta situación para poner un “sobreprecio a la ropa”. Sobre este punto, incluyó una parte del último informe del Indec, que muestra que el rubro textil fue el que más aumentó en el Índice de Precios al Consumidor.

Yael Kim, presidente de la Fundación ProTejer, dijo a PáginaI12 que una de las razones de la suba tiene que ver por la recomposición de márgenes. “En los últimos años cerraron 30 mil empresas y se perdieron 100 mil puestos de trabajo. Las que quedaron trabajaron a pérdida para aguantar. Puede ser que hayan trasladado subas de costos”, afirmó. Fuentes de la Cámara Indumentaria agregaron que hubo subas de costos por los cierres de las fábricas debido a la pandemia y la formalización que se dio en ciertos sectores que vendían en canales informales. Además de que se cortó el financiamiento en los proveedores.

Por su parte, el empresario textil Marco Meloni, argumentó: “En los últimos 4 años no hubo proteccionismo y la ropa subió igual que todo. Si desagregas el costo de una remera, el costo de hacerla con materia prima es del 8 por ciento”. Sobre la apertura que comenzó en 2016, Kim aseguró que llegó a ocupar un 60 por ciento del insumo textil, al mismo tiempo que cayó fuerte la demanda, lo cual causó desocupación y caída en la producción, pero, además, pérdida de divisas. “Cuando asumió Alberto Fernández comenzó a controlar el comercio exterior, y resultó de un empuje para la industria nacional. Somos un sector que puede reactivar muy rápidamente y generar trabajo”.

De todos modos, las importaciones en el primer semestre no registraron una fuerte caída: se redujeron 19,7 por ciento en cantidades. “No hubo una pérdida de participación de las importaciones, en un contexto de caída del 40 por ciento de la demanda, incluso la producción nacional cayó más”, aseguró Gustavo Ludmer, investigador de la industria textil. En parte, consideró que esto se dio porque se trata de importaciones que fueron aprobadas por el gobierno anterior y que duraban 180 días. “Ahora hay un mayor nivel de protección por la escasez de divisas”, agregó.

Por su parte, la economista Agustina Gallardo, explicó que en la industria textil debe hacerse una distinción clave. “Cuando importas textiles no importas sólo mercaderías, sino prácticas productivas, que Argentina no avala. Una liberalización convalida métodos que en Argentina están prohibidos”. Además, agregó que para comparar costos debe haber igualdad de condiciones.