Categoría: Actualidad

Fuente: Ámbito ~ Los comercios de cercanía duplicaron durante agosto el uso de botones de pago para digitalizar su negocio, y más del 70% de las compras realizadas bajo esta modalidad se hicieron con el plan Ahora 12.

Así lo expone el informe privado realizado por Prisma Medios de Pago que relevó la utilización de esa herramienta, ofrecida por distintas compañías.

Cabe destacar que el Plan Ahora 12 se ampliará a 36 cuotas el financiamiento al consumo, triplicando de esta forma el plazo vigente, con el fin de incentivar el consumo y reactivar la industria nacional.

Según este análisis, «los comercios utilizaron los botones de pago para vender artículos para el hogar, muebles, indumentaria, construcción e iluminación«, y destacó que «crece también su uso en cafés, kioscos y panaderías«.

«En agosto, los comerciantes duplicaron el uso del botón de pago y el 70% de sus clientes eligió financiar sus consumos a través del Plan Ahora 12», indicó el reporte de la empresa Prisma.

En este sentido, el relevamiento detalla que «la digitalización llegó también a comercios de barrio como almacenes, cafés, kioscos, panaderías, boutiques y ferreterías». El botón de pago es una modalidad virtual aplicada por las empresas Prisma, Red Link y Mercado Pago, a través de los bancos con los que operan, tanto privados como públicos.

El responsable de Negocios de Adquirencia de Prisma Medios de Pago, Federico Cofman, señaló que «el botón de pago es una herramienta simple tanto para pagar como para cobrar».

Además, dijo que se trata de «una solución a disposición de los comercios que cuenta con las mismas condiciones de cobro que una terminal electrónica de pago», y subrayó que «es una alternativa al pago presencial que crece fuertemente en este contexto» de restricciones por la pandemia de coronavirus

Fuente: BAE ~ Los industriales pymes reclamaron una drástica baja de la tasa de interés para poder enfrentar la crisis de la caída de las ventas y la producción, sostener el empleo formal y definir un modelo exportador que permita el ingreso de divisas al país. Un informe del Observatorio IPA destacó que, ante el contexto mundial de cierre de mercados, se instaló la necesidad de fortalecer el mercado interno a partir de una nueva ley de Compre Nacional, la creación de una banca de desarrollo y el financiamiento subsidiado.

Los empresarios aclararon, sin embargo, que una devaluación «no es necesaria» en este momento debido a que el tipo de cambio es competitivo para las exportaciones argentinas, aunque destacaron que los costos financieros de las pymes deben ir en descenso para detener el cierre de las empresas industriales, generar nuevos empleos y evitar el aumento de la informalidad en el trabajo.

Consultado por BAE Negocios, el analista Federico Marongiu afirmó las industrias «necesitan acceder a créditos con la menor tasa de interés posible» y si bien festejó la fuerte baja de referencia que impulsó el BCRA en comparación con la gestión de Cambiemos, alertó que la pandemia «cortó esa racha positiva y en la actualidad la financiación está por encima del 40%». En ese esquema, el IPA propuso la aplicación de una tasa de 0% para las pymes.

En medio de una presión sobre el dólar, con las cotizaciones paralelas en aumento y la pérdida de reservas por la compra de divisas para atesorar, Carlos Alonso, también integrante del Observatorio IPA, descartó la necesidad de una devaluación para lograr competitividad exportable. Las expectativas que mostró el informe dieron cuenta que «la relación con el exterior a través de la balanza comercial cobra singular relevancia, como fuente genuina de abastecimiento de divisas para financiar, a través de las ventas, la adquisición de productos fundamentales y de insumos para la industria».

El presidente de IPA, Daniel Rosato, dijo que la investigación realizada «sirve para sustentar las propuestas de políticas públicas destinadas a la reactivación de las pymes, en el marco de un diálogo constante y sólido con el Gobierno nacional» y adelantó que el análisis será volcado en el Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional que se realizará en noviembre próximo.

El cuarto informe del Observatorio IPA dejó en claro que el desarrollo de proveedores nacionales requerirá «organizar las fuerzas del trabajo y la producción, que puedan dar sustento político definitivo a un programa que contemple el fortalecimiento del entramado productivo nacional».

«Sin dudas hay factores vinculados a la competitividad, fundamentalmente en el ámbito de la producción de bienes -más que de servicios-, y en particular de la industria sobre lo que habrá que trabajar», destacó el análisis que el IPA presentó en una conferencia de prensa virtual.

El trabajo abordó la importancia del financiamiento y las regulaciones posibles, además del debate sobre la construcción de una banca para el desarrollo. También avanzó en la necesidad de resolver los segmentos más concentrados de la producción de insumos claves en Argentina, como el funcionamiento de las regulaciones sobre la competencia desleal, la intervención productiva de la actividad estatal.

Fuente: IProfesional Vicentin se convirtió en un karma para Alberto Fernández. Dos semanas después de anular la intervención de la empresa y dejar que el concurso siga su curso, el Gobierno empezó a recibir los coletazos de un conflicto salarial en una de las plantas del gigante agroindustrial donde el personal se afilió en masa a una de las 30 filiales de la poderosa federación de trabajadores aceiteros, liderada por Daniel Yofra.

La decisión sacudió a los empresarios del norte de Santa Fe y motivó la apertura de un expediente que ya está en manos del Ministerio de Trabajo, encabezado por Claudio Moroni. 

El mayor temor en el sector privado es que se produzca un «efecto contagio» a partir de la rebelión en la Algodonera Avellaneda, líder en el desmotado de esa materia prima y una de las principales exportadores de fibra de algodón, con cuatro plantas en el país y una en Brasil. En el esa localidad, más de 300 de los 430 empleados del establecimiento abandonaron la Asociación Obrera Textil (AOT) y el Sindicato de Empleados Textiles (SETIA) para enrolarse en el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de General Obligado y San Javier.

El éxodo sindical se desató en medio de una huelga que ya lleva 70 días, con bloqueos al parque industrial de Reconquista, cortes de ruta y un acampe permanente en el ingreso a la fábrica. El conflicto se inició cuando la empresa pagó solo una parte de los sueldos con el subsidio oficial (ATP) y aplicó la rebaja salarial del 20% del sueldo neto sellada por la AOT hasta octubre. La industria textil acordó además a fines de julio un bono de $2.000 en septiembre, octubre y noviembre.

Pero los trabajadores aseguran que no llegan a cubrir la canasta familiar de pobreza con sueldos de entre $20.000 y $25.000 en una de las principales industrias de la provincia. «Hoy, los trabajadores no cobran nada hace dos meses por la huelga, ni siquiera el ATP, y lo que se pide es que la empresa se siente a negociar salarios para entrar a trabajar», explicó a iProfesional Dionisio Alfonso, titular del sindicato aceitero del norte santafesino.

Sin renunciar al convenio textil, los operarios encontraron un paraguas legal en los aceiteros, un sindicato que ya tiene afiliados y convenios laborales en plantas del conglomerado. Es más, desde la organización reconocen que un triunfo podría estimular a otros 2.500 empleados del grupo a seguir el mismo camino el día de mañana, aunque ahora su prioridad es resolver el conflicto salarial.

El gremio fue de los primeros en cerrar este año un aumento salarial del 25%, uno de los más elevados detrás del 30% sellado por Camioneros y el 26% obtenido por Bancarios. El acuerdo llevó el salario básico inicial a $68.678, la escala salarial más alta en toda la industria. Y el de desmotadores ascendió a $50.000, el doble de los textiles

La posibilidad de que sus empleados reclamen mejoras siguiendo ese ejemplo llevó a los empresarios regionales a emitir un comunicado reciente en rechazo a la afiliación sindical en organizaciones que consideran ajenas a la actividad.

El caso de referencia es el de Mercado Libre, donde el camionero Pablo Moyano inició bloqueos el mes pasado para exigir el encuadre del personal de logística en el convenio de Camioneros. El sindicalista, de hecho, vinculó la semana pasada su reclamo con el de los obreros de la algodonera: «Vincentin tiene que ser de los trabajadores y Mercado Libre va a ser y respetar la dignidad de los trabajadores».

Moyano reapareció durante un encuentro virtual en apoyo al conflicto, organizado por elsecretario de DDHH de la CTA de los Trabajadores, Víctorio Paulón, junto al titular de dicha entidad, Hugo Yasky, el líder de los metrodelegados, Roberto Pianelli, y Yofra, por la federación aceitera.

En ese marco, la abogada de los trabajadores, Luciana González, denunció el ataque sufrido el martes pasado por dos obreras a manos de una «patota» bajo las presuntas órdenes del representante de la empresa, Héctor Vizcay, mientras Yasky se comprometió a dialogar con Moroni y las autoridades provinciales.

Los sindicalistas duros, muchos de ellos cercanos a Cristina Kirchner, están molestos por la falta de apoyo del gobierno nacional. Los aceiteros se movilizaron en respaldo a la intervención y expropiación de Vicentin y participan del comité de control del concurso de acreedores. Pero desde que el Ejecutivo abortó su proyecto temen por la continuidad de 6.000 empleos ante un eventual vaciamiento, mientras la Justicia investiga al grupo por defraudación al Estado en una deuda de $100.000 millones.

Ese sector del gremialismo es el mismo que denuncia presiones crecientes para avanzar en una reforma laboral. Moyano apuntó en la charla contra el exministro de Economía Roberto Lavagna por proponer un fondo de cese laboral. El otro blanco de críticas son los «gordos» de la CGT, a quienes cuestionan por firmar rebajas salariales y su rechazo al «robo de afiliados» por otros gremios. «No podemos estar tres sindicatos haciendo el reclamo», alegan en los gremios textiles.

El regreso de la migración sindical

Vicentin representa un desafío al modelo gremial vigente desde los años 40. La Ley de Asociaciones Sindicales otorga el monopolio de representación a las organizaciones por rama de actividad reconocidas por el Estado, autorizándolas a negociar paritarias, elegir delegados y convocar huelgas. Pero en las últimas décadas esa normativa fue cuestionada por la migración de afiliados.

En muchos casos, el fenómeno se dio a través de la emergencia de nuevos sindicatos, como el de los metrodelegados del subte. Mientras que en otros el traspaso fue liderado por organizaciones rivales que ya existían. Así, por ejemplo, con el apoyo del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada, Camioneros capturó trabajadores de logística encuadrados originalmente en aguas y gaseosas, alimentación y comercio, entre otros rubros.

Con estos antecedentes, el conflicto en la algodonera volvió a reflotar la discusión sobre la libertad sindical. Los empresarios apelan al decreto reglamentario 457/88, que impide la afiliación a sindicatos ajenos a la actividad, y sostienen que el trámite de encuadramiento sindical debe pasar por el comité arbitral de CGT antes de llegar al Ministerio de Trabajo y la Justicia laboral.

Ese fue la estrategia legal resumida por Vizcay hace más de una semana en un encuentro en la sede de la Sociedad Rural de Reconquista, donde varias cámaras agroindustriales exigieron a las autoridades locales frenar la «migración» sindical y legisladores macristas apuntaron contra el «chavismo demagógico».

«Mañana un empleado de comercio que venda ropa va a pedir ser representado por el sindicato de aceiteros y desmotadoras, o los docentes pedir ser parte de camioneros», alertó Juan Luis Capozzolo, el líder de la entidad convocante.

Pero los aceiteros afirman que la fábrica es parte de la actividad desmotadora, el primer eslabón del procesamiento del algodón y el primer convenio creado por el gremio. Y se apoyan en el derecho de afiliación previsto en el artículo 14 bis de la Constitución, que es independiente del encuadramiento sindical y la definición del convenio laboral. El otro argumento es que la atribución de convocar huelgas y elegir delegados está garantizada por tratados con la OIT y sentencias emblemáticas.

En los fallos ATE 1 y 2, por caso, la Justicia le permitió a dicha organización llamar a elecciones de delegados y estos gozar de estabilidad, luego de que los trabajadores se desafiliaran a UPCN para pasarse al gremio vinculado a la CTA.

«Yo puedo afiliarme a cualquier sindicato, sin tener la representación colectiva de la fábrica aunque no está encuadrado sindicalmente. No estarán en paritarias, pero los trabajadores pueden afiliarse a otros, esto es muy común en el Estado«, aseguró el abogado Guillermo Pérez Crespo, del Taller de Estudios Laborales (TEL).

Tensión en aumento

Mientras tanto, las negociaciones siguen totalmente estancadas. Desde el inicio del paro, la empresa se ausentó a las siete audiencias, en la mitad de las cuales estuvieron presentes los delegados textiles, mientras que en las últimas se sumó la abogada de los trabajadores y el representante legal de aceiteros, Carlos Zamboni, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas.

La convocatoria de estos últimos por el ministro de Trabajo provincial, Robero Sukerman, encendió aún más la bronca del sector patronal, que desconoce la representatividad del gremio y presentó una denuncia penal por el acampe en el ingreso a la fábrica. Este medio se comunicó con la empresa, pero no hicieron comentarios al respecto.

En un clima social ya agitado por el último banderazo, dos trabajadoras terminaron el martes hospitalizadas tras ser atropelladas por dos motociclistas. González, la patrocinadora de los huelguistas, presentó una denuncia penal en la que imputó a Vizcay como principal responsable. Y cuestionó a la fiscalía por considerar que no actúa de oficio y recién el viernes citó a las víctimas a revisación médica.

«Tengo miedo que corra sangre por lo que pueda hacer la patronal», advirtió la letrada, que también denunció amenazas contra su persona.

Ese mismo martes, por otra parte, la AFIP denunció penalmente a la cerealera y sus responsables por el presunto uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones por un monto de $110 millones. Y, en paralelo, días atrás, el juez Julián Ercolini ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de los directivos de la agroexportadora.

Todos esos movimientos habrían acelerado la decisión de vender activos del grupo ajenos al concurso, como es el caso del frigorífico Friar. La empresa se vio afectada este lunes por un nuevo bloqueo al complejo de Vicentin donde se encuentra la fábrica. En respuesta, el representante legal de la firma, Javier Enrique Cabral, solicitó el desalojo al juez penal Roberto Santiago Banegas, quien le pidió al letrado que acudiera a la fiscalía, la autoridad competente en Santa Fe para iniciar la denuncia.