Fuente: La Nación ~ El Estado debe promover e instrumentar un seguro para las empresas de un 4% (porcentaje inicial) sobre su nómina salarial, pagado por ellas, para integrar un Fondo de Garantía Indemnizatorio (FGI) que sea administrado por la Anses y que asegure a los empleados que pierdan su trabajo. Así, se conseguiría que sigan cobrando mensualmente un monto equivalente a su sueldo hasta conseguir un nuevo empleo. El pago se agotaría cuando se superen los meses que equivalgan a los años trabajados.
Es incongruente discutir los temas laborales desde las empresas, sin comprender el temor que puede generar en un empleado la posibilidad de que la «flexibilización laboral» le empeore su situación económica. No tiene sentido. Atenta contra las empresas que en su gran mayoría dependemos del consumo interno, ya que la inseguridad financiera implica menor consumo de bienes.
De seguir con las actuales leyes y condiciones laborales no se generará empleo, incluso si hay crecimiento, porque las empresas evitarán tomar trabajadores por el riesgo infinito que esto supone.
Debemos encontrar entonces una forma en la cual su ingreso no sufra los vaivenes violentos de la economía y en la que el capital del empleado -reflejado como un monto indemnizatorio- no se pierda, pero que tampoco haya un incentivo para el mal comportamiento y, por ende , para la mala productividad.
Entre los beneficios adicionales de esta propuesta está la de mejorar la situación de las personas que quieran cambiar de compañía. El sistema actual les impide aprovechar el eventual crecimiento de las oportunidades, pues al irse de una empresa pierden su capital indemnizatorio. Con esta iniciativa, las nuevas experiencias permitirán que suba el ingreso paulatinamente.
Los empleados percibirían beneficios, en comparación con los casos actuales en los que las empresas que necesitan reducir su personal -y que muchas veces no tienen efectivo- negocian quitas para despedir con menores costos o lo hacen «con causa». Las empresas y sus gerentes tienen la obligación de preservar el capital para no destruir su activo en el proceso ni las posibilidades del resto de los empleados.
Finalmente, hoy están las empresas que quiebran y dejan a los empleados sin cobertura ante el despido; estos trabajadores deben iniciar juicios y soportar años litigando por sus derechos. La situación, además, dificulta el cobro para el resto de los acreedores de la empresa, a los que la quiebra de su cliente puede llevar a la ruina también, generándose un proceso en cascada.
En todos estos casos intervienen abogados, intermediarios, jueces, médicos, etcétera, que encarecen el proceso y se quedan con dinero que podría ser del empleado, de la empresa o de los acreedores. Es un costo que finalmente paga el consumidor, con precios más altos en los productos o servicios que recibe; y hay costos que paga el desocupado al no conseguir empleo, pues las empresas no quieren tomar gente. Además, también los paga el ciudadano con impuestos más altos, requeridos para mantener los subsidios a estos empleados desocupados y sustentar los salarios de los nuevos contratados en el Estado (por no conseguir empleo privado). Sin embargo, el costo más caro lo paga el empleado que, queriendo cambiar de trabajo, no se anima.
Si las empresas abonan un 4% inicial sobre la nómina salarial, puede llegar a formarse un fondo (FGI) que sirva de fuente de financiamiento para la indemnización de aquellos que pierdan el trabajo o que deseen tomarse un tiempo de descanso. En el inicio el sistema estaría acompañado con fondos de la Anses.
El funcionamiento diferencial es que desaparece la distinción entre despido «con causa» y «sin causa», y termina siendo indiferente si fue la empresa la que despide o la persona la que prefiere renunciar. Esto elimina conflictos legales, disminuye el costo, libera los juzgados y permite a jueces, abogados, empleados y empresas concentrarse en los verdaderos conflictos. La productividad de las personas aumentará notablemente, como también la de las empresas, porque disminuirá el ausentismo y con esa sola mejora se podrá afrontar ese nuevo costo de 4% inicial. Además, podrán verse estas mejoras en las empresas, organismos y oficinas del Estado.
Las personas que cambien de empleo no perderán la antigüedad. Y si una empresa le ofrece 5% más de salario o hasta un 5% menos pero le resulta más agradable, se trasladará a la nueva compañía con su antigüedad y sin asumir la pérdida que tendría hacer eso en el sistema actual.
La diferencia sustancial es que la indemnización se cobrará mes a mes, hasta agotar el período de antigüedad laboral (antigüedad referida al fondo). Esto trae fluidez tanto a la familia del despedido o empleado que se haya tomado un tiempo, como al FGI. Y no incentiva el mal comportamiento.
Las empresas, inmediatamente, tendrán más valor, pues desaparecerá el pasivo laboral, y al valer más por suba del patrimonio neto, los accionistas tendrán incentivos a invertir, porque tendrán un activo con valor que no querrán perder. Habrá más empleo; no menos.
Las personas buscarán activamente empleos mejores, incluyendo a los millennials, e irán saliendo y entrado a empresas dándole movilidad y flexibilidad a la economía e incrementando el capital social. Harán valer sus capacidades y mejorarán su ingreso.
Tendrán un aumento significativo de oportunidades en diferentes empresas, proque no habrá temor a emplear. Y sin los pasivos laborales surgirán nuevas inversiones. Los trabajadores serán los dueños de sus indemnizaciones y, en el caso de los millennials que muchas veces desean un período de descanso entre dos empleos, podrán tenerlo sin pérdida del ingreso mensual.
En el caso del empleo público, el Estado no deberá pagar este 4% adicional pues serían los privados con sus impuestos los que de todos modos estarían soportando el costo (por eso es importante la participación deAnses). Si tuvieran regímenes especiales de despido, se los llevarían con ellos y se les reconocerían. Da lo mismo que se queden o no o que se mantengan o no los beneficios, pues para el Estado el costo es el mismo.
La eliminación del conflicto al desaparecer el incentivo a hacerse despedir y el temor a perder el empleo, más la desaparición de la obligación de permanecer incluso a desgano en una empresa por temor a no ser indemnizado y sufrir el maltrato de algún jefe, lograría la suba de manera dramática de la productividad de la Argentina. Y con eso, el país crecerá y habrá una sociedad más civilizada. Todo esto se lograría aumentando y no disminuyendo los derechos laborales. Junto a la seguridad de que el eventual quiebre de una empresa no significará una pérdida del capital de los trabajadores, ese 4% de aporte al FGI aumenta significativamente los beneficios del empleado y del empleador y resuelve el conflicto actual, al convertir en innecesaria la reforma laboral.