El primer sistema es adoptado dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y el segundo entre otros países, por ejemplo dentro del Nafta o entre Chile y Australia o Corea del Sur.
Hace unos 20 años se planteó dentro del Mercosur la posibilidad de cambiar la metodología para transformarla a la autocertificación, aduciendo que de esa manera se obtendría una reducción de costos para los exportadores, además de una simplificación operativa. Hubo voces a favor y en contra, entre estas últimas quienes argumentaban que el sistema de autocertificación dejaría a los importadores indefensos ante declaraciones falsas por parte de sus proveedores, ya que pasaría a ser un tema de derecho privado y no de carácter público, al no intervenir los estados en la cuestión de origen. Esto es relativo, dado que estos tratados usualmente otorgan a la aduana del país de importación la facultad de pedir información adicional directamente al exportador y requerir la inspección in situ para determinar si el exportador cumple o no con las reglas de origen que ha autocertificado, sin depender de la buena voluntad de las autoridades locales.
Desde aquel momento hasta ahora ha habido grandes avances tecnológicos, que incluso han permitido en los últimos años la emisión del Certificado de Origen de manera digital, reduciendo los casos de rechazos por errores e -incluso- su reemplazo en tiempos muy breves. Aunque sigue siendo requerido en cada operación, con importante cantidad de información repetida.
Un sistema más eficiente podría ser uno mixto en donde se mantenga la participación de entidades habilitadas por los estados para certificar origen, pero que éstas lo hagan periódicamente y para una determinada definición de producto, donde el exportador declare el origen de sus insumos y el proceso productivo utilizado y que, si esto no se modifica, lo habilite a expedir el Certificado de Origen de sus exportaciones dentro de ese período.
Adicionalmente, cada estado en función a la información estadística de sus importaciones, podría definir una lista de mercaderías cuya certificación de origen deba ser realizada de la manera tradicional, incrementando el nivel de alerta de las entidades habilitadas para productos de exportación que utilicen esas mercaderías como insumo y que puedan procesarse para abordar mercados con los que nuestro país tenga acuerdos de reducción arancelaria. Por ejemplo, cuando la escasez de vino en Argentina motivó la importación de ese producto desde Chile, y de manera similar como suceden en otros complejos como el sojero, o el de la carne bovina.
Las entidades certificadoras podrían adaptar sus sistemas informáticos que utilizan para la emisión de Certificados de Origen Digitales para permitir a los exportadores firmar los suyos, previamente revisados por ellas, de manera similar a lo que sucede actualmente, ya que éstas se limitan a reproducir lo que el exportador incluye en su declaración.
Por otro lado, no haría falta modificar la normativa de Aladi, dado que se cumpliría con el régimen de origen allí previsto, aunque sí habría que revisar los anexos respectivos a los acuerdos regionales y los procedimientos locales.
De esta manera, se seguiría contando con la asistencia de especialistas en las disposiciones de los distintos acuerdos comerciales, sus regímenes de origen, procedimientos y las nomenclaturas arancelarias adoptadas y, por otro lado, se lograría una mayor agilidad operativa al permitir la rápida emisión del documento por el mismo exportador, disminuyendo tiempos y costos.