Fuente: Página 12 – Preocupados por las consecuencias de la apertura de importaciones, avisan que las políticas nacionales «fulminan al sector de la economía social y a toda la industria textil».
Sonia González preside la Federación de Costureros de la República Argentina, una organización que nuclea a sesenta y cinco cooperativas textiles, con un promedio de cincuenta trabajadores cada una, que se referencia en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Más de la mitad de esos talleres se encuentran en las localidades de Ramos Mejía, Villa Celina y Gregorio de Laferrere.
Esta mujer de 52 anos llegó a Buenos Aires desde su ciudad natal, Sucre, en Bolivia, hace ya veinte y pudo regularizar rápidamente su situación migratoria gracias al plan Patria Grande que entonces impulsó Néstor Kirchner.
A pesar del paso del tiempo, Sonia mantiene intacto su acento como una marca identitaria. Cuenta con orgullo que allá era maestra rural, que apenas llegó abrazó la costura, porque es una tarea que siempre le gustó. Sus primeros trabajos, como los de casi todos sus paisanos, fueron en talleres clandestinos. «Hasta que nos organizamos para poder salir de esa situación, a la que no pensamos volver», advierte.
Sonia encabezará una conferencia de prensa frente al ministerio de Hacienda que hoy encabeza Luis Caputo, quien hace poco en una entrevista periodística dijo una frase que para ellos fue inaceptable. «La ropa acá es cara», dijo.
«No se puede competir con países que no sabemos en qué condiciones tienen a sus trabajadores, si hay mano de obra esclava o infantil. Por eso no se puede abrir importaciones de esta manera, que fulmina no sólo al sector de la economía social sino a toda la industria textil», le responde Sonia al ministro.
Ante la pregunta por la articulación de la respuesta con otros actores del sector como Pro Tejer, Sonia ríe. «No se comunicaron con nosotros ni sabemos en qué andan. Sí coordinamos con organizaciones hermanas, como Nuestra América y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)«.
Sonia es miembro fundadora de la cooperativa Renacer, que lleva ese nombre en alusión a lo que significó para ellos abandonar las condiciones de semiesclavitud a las que estaban sometidos. Desde 2019, Renacer confecciona todo tipo de prendas para marcas comerciales de la calle Avelaneda en la ciudad de Buenos Aires como Houston o Fly 55 y, más recientemente, para Carpincho, la marca propia que desarrollaron las cooperativas para visibilizar su trabajo, mejorar márgenes y vender sin depender de terceros.
La marca fue así bautizada en pandemia, cuando esos animalitos, típivos del humedal sobre el que están construidos muchos countries del noreste del conurbano, fueron acusados de «invadir Nordelta», su ecosistema natural.
«Carpincho fabrica de todo: ropa infantil y de adultos, ropa de trabajo, hasta zapatos y cinturones», cuenta Sonia, con un tono mucho más entusiasta que el que utilizó hasta recién.
«El primer objetivo era visibilizar a los que hacen la ropa, que habitualmente son escondidos por las grandes marcas. El siguiente era mejorar los márgenes: tener marca propia permite vender de manera directa, del productor al consumidor, sin intermediarios, así ganamos todos», explica.
A partir de mediados de 2024, las órdenes de trabajo empezaron a hacerse más chicas y luego más esporádicas. Sonia explica que «para los propietarios de las marcas de Avellaneda o los que venden en ferias como La Salada o La Dulce, vender producción argentina o prendas importadas es más o menos lo mismo. Para nosotros no».
Desde entonces, vienen intentando plantear su situación ante los funcionarios nacionales sin obtener respuesta. Hasta que las palabras de Caputo dispararon una reacción conjunta, que tendrá lugar este miércoles.
La apertura de la importación de prendas terminadas es un golpe durísimo para la industria, pero no es el primero que reciben de Javier Milei. «Apenas llegó este gobierno, nos quitó el monotributo social, que era el primer paso que las costureras podíamos dar hacia la formalización de nuestro trabajo. Después de eso, nos dejó sin obra social», recapitula.
«El Potenciar Trabajo tenía un nombre muy acertado, porque realmente hacía eso, potenciaba las capacidades de trabajo de las compañeras. En aquel momento, diciembre de 2023, representaba medio salario mínimo vital y móvil. Pero desde entonces quedó congelado en 78 mil pesos. Hoy es apenas la mitad de esa mitad de un salario, que ni siquiera es de subsistencia», reflexiona.
Las marcas de indumentaria, casi sin excepción, tercerizan su producción para bajar costos. En esa carrera a la baja, corren con ventaja los talleres clandestinos, que no tributan ni pagan sueldos dignos.
En tiempos de crisis, además, las marcas se financian difiriendo pagos a los talleres y generándoles así serios problemas. Como respuesta a esa situación, nació hace tres décadas la feria La Salada.
Recientemente, uno de los referentes de esa industria, Luciano Galfione, graficó la situación. «Hasta la puerta de mi fábrica tengo la misma o mejor tecnología que el resto del mundo, tengo los operarios capacitados igual o mejor que el mundo, tengo índices de productividad y de producción dentro de mi fábrica igual o mejores que el mundo. Explícame entonces vos por qué cuando una remera cruza la puerta de mi fábrica llega al público con un valor que duplica lo que vale en Estados Unidos».