Fuente: IProfesional ~ Ante la caída en la actividad y la pérdida de empleos, las empresas plantean prorrogar la rebaja de aportes, reinstaurar el Repro y subsidiar la energía
La industria textil negocia con el Gobierno un plan de reactivación para impulsar el mercado interno y frenar la sangría de empleos.
Los empresarios y los sindicalistas de la actividad le darán las últimas puntadas este jueves a las 11 en la sede de la Federación de Industrias Textiles de Argentina (FITA), en donde terminarán de consensuar el paquete que contempla entre las principales medidas la prórroga de la rebaja de aportes patronales, tarifas de energía reducidas, un plan de facilidad de pagos de deudas a la AFIP y la suba de aranceles para productos importados que se fabrican en el país.
Los anfitriones de FITA recibirán en su casa a los miembros de la Federación Argentina de la Industria de Indumentaria (FAIA) y la Fundación ProTejer, mientras que por la parte sindical asistirá la Asociación Obrera Textil (AOT), el Sindicato de Empleados Textiles (Setia), el del vestido (Soiva) y la Unión de Cortadores de la Indumentaria (UCI).
El planteo sectorial es un nuevo llamado de atención al Gobierno, luego de los 35 puntos presentados el mes pasado por la Unión Industrial Argentina (UIA) al Gobierno en un intento por moderar el acuerdo con el FMI, un programa que hoy se traduce en la ausencia de financiamiento por el elevado nivel de tasas -en torno del 45%-; un esquema ascendente de tarifas, que alimenta la escalada inflacionaria, y una caída de la actividad del 1,6% para este año, según el pronóstico del propio Fondo.
La intención de los textiles es llevar al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, una propuesta alternativa al borrador oficial presentado el 29 de enero pasado en una de las tres mesas técnicas del sector por el secretario de Industria, Fernando Grasso, y el de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, que proponía «flexibilizar» al menos 10 ítems de los convenios colectivos de trabajo, en línea con la demorada reforma laboral que descansa en el Senado.
En lugar de esa iniciativa, que fue rechazada en bloque por los representantes de la parte empresaria como sindical, el sector pide ahora «medidas para promover el empleo y la inversión».
Uno de los documentos que circula, elaborado por la FITA al que accedió iProfesional, contiene entre otros puntos el pedido de créditos accesibles, la revisión de los derechos de exportación a las manufacturas textiles y mayores reintegros a las ventas externas.
El plan económico incluye además la entrega urgente de Repro a las empresas textiles en estado crítico. Con el visto bueno de algunas entidades empresarias, el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil, José Listo, le acercó el último jueves al director de Empleo en la Secretaría de Trabajo, Fernando Premoli, un listado con unas 50 empresas grandes que, según los gremios, necesitan en forma prioritaria los subsidios para preservar las fuentes de trabajo, al menos hasta registrar una recuperación de la actividad.
Empleo en crisis
«Estamos entrando en un tobogán, las empresas dicen que van a despedir más gente porque tienen la producción parada», advirtió el sindicalista de AOT durante la audiencia mantenida en la sede de Alem al 650, mientras que el funcionario se comprometió a analizar la cuestión. Actualmente, hay 20 textiles beneficiadas por el subsidio, según datos privados.
Entre las firmas afectadas se encuentra la emblemática Alpargatas, que prevé la venta de su planta en Catamarca. Desde que inició un plan de ajuste en 2015, la firma del grupo brasileño que produce Havaianas y Osklen ya cerró varias de sus filiales en el país y redujo su personal al 60%, de 3.700 a 1.600.
El otro caso resonante es el de las marcas de jeans Wrangler y Lee, pertenecientes a VF Corporation, compañía que la semana pasada confirmó su salida del país y ahora negocia el pago de indemnizaciones para unos 200 empleados. Así, desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, AOT perdió 8.000 trabajadores y Setia, otros 6.000, por lo que hoy nuclean a 36.000 y 20.000 afiliados respectivamente.
En vistas de la crisis de empleo, el Gobierno redujo a partir de enero los aportes patronales a la industria textil, calzado y marroquinería. La resolución -publicada el 23 de noviembre pasado con la firma de Macri, Marcos Peña y Sica- dispuso elevar a $17.500 la base salarial a partir de la cual los empleadores deben descontar cargas sociales, lo que implicó un adelantamiento para el sector de la rebaja gradual en marcha de las contribuciones patronales.
Desde entonces, las autoridades excluyeron de la mesa de negociaciones la discusión de los Repro, un punto que algunas cámaras prefieren mantener afuera del plan de medidas por temor a que Sica o Nicolás Dujovne no prorrogen la reducción de aportes a los textiles. La disposición establece que el Ministerio de Producción y Trabajo y el de Hacienda deben evaluar si la situación económica del sector amerita mantener el beneficio en el tiempo.
Otras entidades, en cambio, se quejan por haber quedado fuera del selectivo grupo de beneficiarios de los Repro, a la par que advierten que el alivio fiscal no es suficiente para reactivar la actividad, por lo que, de no haber cambios de fondo, pronostican un recrudecimiento de la recesión en los próximos meses, con mayores caídas en la producción y los niveles de ocupación.
Cabe destacar que este rubro genera más de 126.000 puestos formales en 8.000 empresas, un tercio del total del empleo sectorial, que en su mayoría es informal.
«Hay que cambiar un poco la política económica con medidas que vayan al consumo. La baja de cargas ayudan a bajar costos pero si trabajas al 40% de tu capacidad es como si te dieran aspirinas para tratar una enfermedad severa», graficó Jorge Sorabilla, vicepresidente de la fundación ProTejer y miembro del comité ejecutivo de UIA.
La intención oficial de modificar los convenios laborales también genera escepticismo en las cámaras empresarias, en donde aseguran que el principal problema de competitividad lo tienen afuera de las fábricas y que la prioridad es dinamizar el mercado interno.
El borrador en Word sin membrete ni firma presentado por las autoridades al que accedió este medio propone la fragmentación de las vacaciones, la jornada de trabajo y el pago del aguinaldo; la flexibilización del contrato de trabajo a plazo fijo, la revisión del refrigerio y viáticos, y la eliminación del trabajo a domilicio; y la quita de sanciones a los empleadores por falta de pago de aportes y contribuciones, junto con un trámite abreviado del procedimiento preventivo de crisis, un expediente que deben presentar las firmas de más de 1.000 empleados previo a la aplicación de despidos o suspensiones, cuando se afecte a más del 5% de su plantilla.
Esos cambios, reconocen los empresarios, ya rigen de hecho. «Particionar vacaciones, banco de horas para evitar horas extra, hay un montón de flexibilizaciones que ya están funcionando», dijo un técnico de la mesa a iProfesional.
Desde hace un año, por ejemplo, hay grandes firmas que dejaron de pagar las horas extra, mientras que en el caso de las fábricas que cierran tampoco se abonan las respectivas indemnizaciones, las mismas que el Gobierno propone reducir mediante la modificación de los convenios o, de manera más amplia, a través de la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo.
Ese es uno de los puntos, tal como adelantó este medio, que comenzará a debatir este jueves en su primera reunión oficial del año el Consejo Asesor del Trabajo, el grupo de expertos designado por Sica para eludir la resistencia sindical a la reforma laboral encabezada por textiles, metalúrgicos, camioneros, marítimos y ahora también por el gremio del neumático.
